Celso Rodrigo Rivera Rojo

Coordinador de Análisis y Finanzas Públicas del Inesle

En los primeros años del siglo XXI, la economía global ha estado marcada por una sucesión de eventos de gran envergadura que han alterado significativamente el curso de las actividades económicas a nivel internacional. Entre los factores más relevantes se encuentran periodos prolongados de recesión, pandemias como la del covid-19, tensiones geopolíticas crecientes, guerras comerciales entre potencias y una aceleración en los efectos adversos del cambio climático. 

Estos elementos han actuado de manera conjunta o alternada, generando una serie de disrupciones en las cadenas globales de suministro, provocando choques de oferta, elevaciones generalizadas en los niveles de precios, incremento en la volatilidad de los mercados y, en casos extremos, crisis alimentarias regionales que han afectado especialmente a países en vías de desarrollo. 

Tales circunstancias han contribuido a un entorno económico global caracterizado por la incertidumbre estructural y la creciente interdependencia de las economías nacionales. Las consecuencias se han reflejado tanto en indicadores macroeconómicos como en las condiciones sociales, exacerbando desigualdades preexistentes y debilitando la resiliencia de muchos sistemas económicos. 

No obstante, a partir de junio de 2024 se comenzaron a observar señales de una recuperación modesta a nivel global. Aunque los avances siguen siendo frágiles y desiguales, se ha registrado una leve disminución en los niveles de inflación y un repunte en el comercio internacional. Estos signos de mejoría ocurren a pesar de la persistente debilidad en el sector manufacturero de varios países desarrollados, lo que refleja una recuperación más dinámica en sectores vinculados al consumo y a los servicios que en la industria pesada (World Bank Group, 2025). 

Sin embargo, esta recuperación incipiente enfrenta amenazas importantes. Uno de los factores con mayor potencial disruptivo es la política arancelaria adoptada por Estados Unidos frente a diversos socios comerciales, una estrategia que ha reavivado tensiones económicas a nivel global. Las medidas de represalia adoptadas por las economías afectadas han intensificado la fragmentación del comercio internacional, debilitando las rutas tradicionales de intercambio y frenando los flujos de inversión extranjera directa. 

A este escenario se suma una transformación profunda en la configuración geopolítica del mundo. La tendencia hacia la desglobalización —acelerada por la pandemia y los conflictos regionales— está dando paso a un nuevo orden basado en el fortalecimiento de bloques económicos regionales y en una creciente preferencia por el comercio intrarregional. Este fenómeno, si bien puede generar nuevas oportunidades, también implica riesgos relacionados con la concentración de dependencias productivas, la pérdida de eficiencia global y el aumento de tensiones entre bloques. 

En este contexto de incertidumbre y transformación, la economía mundial logró crecer un 2.7 % en 2024. Si bien se trata de una tasa positiva, representa una desaceleración de 0.5 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2022. Este crecimiento tuvo una distribución desigual entre regiones: las economías avanzadas apenas crecieron un 1.7 %, reflejo de sus problemas estructurales y la lenta recuperación del consumo; en contraste, los mercados emergentes y las economías en desarrollo registraron un crecimiento más robusto, del 4.1 %, apuntalados por la demanda interna y políticas fiscales expansivas. 

En términos regionales, el sur de Asia lideró la expansión con un crecimiento del 6.2 %, seguido por Asia Oriental, con 4.6 %. En cambio, la región del euro mostró un débil desempeño con una expansión de apenas 0.7 %, resultado de la baja productividad, el estancamiento del consumo y las secuelas inflacionarias. América Latina y el Caribe crecieron un 2.2 %, una cifra moderada pero consistente con los limitados márgenes fiscales, las altas tasas de informalidad y el bajo crecimiento de la inversión en la región (World Bank Group, 2025). 

Comportamiento general de la economía mexicana 

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora denominado T-MEC, en 1995, la economía mexicana ha atravesado un proceso de profunda integración económica con la región de América del Norte, especialmente con Estados Unidos. La intensidad de esta interdependencia ha sido tal que las recesiones económicas que México experimentó entre 2001-2003 y durante la crisis financiera global de 2008-2009 tuvieron su origen en la economía estadounidense (Mejía Reyes, Díaz Carreño y Vergara González, 2017). 

En el ámbito internacional, se ha observado un fenómeno similar. La expansión global de las cadenas de suministro y el creciente entrelazamiento comercial entre países —impulsados por los procesos de globalización y apertura económica— han generado una estructura económica altamente interconectada. Esta configuración ha hecho posible que crisis localizadas, como la pandemia de covid-19 originada en Wuhan, China, tengan repercusiones amplias y profundas a nivel mundial, afectando incluso a economías alejadas geográficamente del epicentro del problema. 

En este contexto, México ha enfrentado varios episodios de recesión económica. El primero de ellos resultó en una contracción del 0.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante los años 2000 y 2002. Posteriormente, en 2009, la economía mexicana sufrió una caída más severa, del 6.1 %, como consecuencia de la crisis financiera global. Finalmente, en 2021, se registró la contracción más profunda en décadas, con una disminución del PIB del 8.6 %, superando incluso la registrada durante la crisis subprime (véase gráfica 1). 

Gráfica 1. Crecimiento del PIB en México 2001-2024 (tasas reales) 

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2025). 

En los años posteriores, la economía mexicana mostró signos de recuperación, destacando el crecimiento real del 6.3 % en 2021. Sin embargo, esta recuperación no logró consolidarse del todo, y el ritmo de crecimiento ha venido desacelerándose progresivamente. En 2024, el crecimiento del PIB fue de apenas 1.2 %, una cifra modesta influida, en gran parte, por el débil dinamismo de la economía global y por factores estructurales internos que limitan la expansión sostenida. 

De acuerdo con Inegi (2025), el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) ha registrado dos meses consecutivos de crecimiento al inicio de 2025; no obstante, durante marzo experimentó un descenso de 0.4 %, lo cual genera preocupación ante las expectativas de recesión para 2025. 

En el mismo sentido, el indicador de confianza del consumidor ha registrado tasas negativas a lo largo de 2025 en su comparación anual, al igual que la opinión empresarial. Por su parte, el indicador de formación bruta de capital fijo ha presentado tasas negativas desde octubre de 2024 hasta el primer trimestre de 2025 (gráfica 2), lo que podría afectar aún más el crecimiento económico de México. 

Gráfica 2. Índice de formación bruta de capital fijo 2018-2025 

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2025). 

La actividad de la economía mexicana a nivel subnacional experimentó caídas importantes en entidades federativas como Quintana Roo (-16.9 %), Campeche (-14.3 %), Tabasco (-9.9 %), Sinaloa (-3.3 %), Jalisco (-1.9 %), entre otras. En contraste, los estados que reportaron un crecimiento mayor fueron Guerrero (10.8 %), Zacatecas (5.1 %), Oaxaca (4.7 %), Tamaulipas (4.0 %) y Ciudad de México (3.7 %).  

Mapa 1. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (tasas reales) 

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2025). 

Por su parte, a cifras desestacionalizadas, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Estado de México creció 1.3 % al cierre del cuarto trimestre de 2024 comparado con el mismo periodo del año anterior, como resultado del desempeño de las actividades primarias (1.0 %), secundarias (1.8 %) y terciarias (1.1 %).  

La actividad económica del Estado de México acumuló un crecimiento de 2.1 % entre enero y diciembre de 2024. Las actividades primarias crecieron 1.0 en el mismo periodo. Esta cifra mantiene una distancia considerable respecto al buen comportamiento observado en entidades federativas como Zacatecas (19.8 %), Campeche (19.6 %) y Ciudad de México (16.9 %). Al mismo tiempo, se aleja de los magros resultados de Sinaloa (-28.6 %), Baja California (-21.5 %) y Quintana Roo (-19.3 %). En cuanto a las actividades secundarias, se reportó un aumento de 1.8 %, mientras que en las actividades terciarias el incremento fue de 1.1 %. 

Mercado de trabajo en el Estado de México 

Durante el primer trimestre de 2025, el mercado laboral del Estado de México mostró señales de mejora. La tasa de desocupación se ubicó en 2.7 %, lo que representa una disminución de 0.9 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registró una tasa de 3.6 %. Este descenso refleja una mayor absorción de la fuerza laboral por parte del aparato productivo estatal. 

De manera complementaria, el empleo informal también mostró una ligera contracción de 0.2 %, lo que sugiere una transición, aunque moderada, hacia formas de empleo más estructuradas y reguladas. 

Asimismo, la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) —indicador que mide a la población ocupada en condiciones laborales precarias, ya sea por jornadas insuficientes, bajos ingresos o exceso de horas trabajadas con remuneración limitada— presentó una reducción de 2.0 %. Esta baja en la TCCO indica una mejoría en la calidad del empleo, lo cual es fundamental para la estabilidad económica de los hogares mexiquenses. 

No obstante, pese a estos avances en términos de ocupación y condiciones laborales, el panorama de los ingresos continúa siendo un desafío importante. Un indicador clave en este sentido es el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria. Como se observa en la gráfica 3, desde el año 2020 esta proporción ha mantenido una tendencia descendente, lo que implica que un mayor número de personas ha logrado acceder al ingreso mínimo necesario para cubrir su alimentación básica. 

Al cierre del cuarto trimestre de 2024, el Estado de México registró una tasa de 33.2 % en este indicador, es decir, 2.2 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Este resultado sugiere un desempeño relativamente más favorable en la entidad mexiquense en términos de poder adquisitivo de los ingresos laborales, aunque el hecho de que una tercera parte de la población aún no cuente con ingresos suficientes para adquirir una canasta alimentaria básica pone en evidencia que subsisten importantes retos estructurales en materia de bienestar económico y equidad. 

Gráfica 3. Población con ingreso laboral inferior al  valor monetario de la canasta alimentaria 

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2025). 

Lo anterior puede explicarse a la luz de los incrementos en el ingreso laboral per cápita de los mexiquenses en los últimos años y que obedecen a una política encaminada a recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora a nivel nacional, el cual perdió 80 % de su poder de compra durante el periodo neoliberal. En este caso, el desempeño observado a nivel nacional para el ingreso deflactado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y por la canasta alimentaria es mejor al del Estado de México (gráfica 4). 

Gráfica 4. Ingreso laboral per cápita 2005-2024 (pesos)

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi (2025). 

Marginación en el Estado de México 

Esta tendencia positiva en los niveles de ingreso laboral per cápita en el Estado de México, que comenzó recientemente a partir de 2020, es toral toda vez que existen un conjunto de condiciones que mantienen a un segmento de su población en condiciones de marginación. 

Con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2020 (últimos datos) 493 266 mexiquenses eran analfabetas; 4 241 211 personas de 15 años o más no contaban con educación básica, y otros 11 215 453 miembros de la población ocupada contaban con un ingreso menor a dos salarios mínimos, lo que equivale al 66.0 %. 

Del mismo modo, 473 063 eran ocupantes de vivienda sin agua entubada; 354 232 habitaban en viviendas con piso de tierra, y 3 517 781 de personas vivían en condiciones de hacinamiento, es decir, 20.7% de la población total en el Estado de México. 

En general, al 2020 la entidad se ubica en la posición 12 de marginación, superada por entidades como Nuevo León, Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco y Colima, entre otros (gráfica 5). 

Gráfica 5. Índice de marginación en México por entidad federativa 2020 (índice normalizado) 

Fuente: elaboración propia con datos de Conapo (2020). 

Para el año 2025 aún no se dispone de datos desagregados por entidad federativa que permitan evaluar con claridad si los incrementos salariales observados en años recientes han tenido un impacto positivo en las condiciones de vida de la población del Estado de México en términos de marginación. La falta de información actualizada limita el análisis sobre los efectos estructurales de las políticas de ingreso en dimensiones como educación, salud, vivienda o acceso a servicios básicos. 

No obstante, es posible anticipar mejoras potenciales si se considera el papel que desempeña la política de desarrollo social como herramienta de reducción de desigualdades. 

En este sentido, de acuerdo con la Cuenta Pública de 2024, el Estado de México destinó un total de 178 198 509 492 pesos al sector de desarrollo social dentro del gasto programable. Esta cifra representa un incremento de 12 484 251 592 pesos respecto al ejercicio fiscal anterior, lo que refleja una priorización presupuestaria orientada a atender las necesidades básicas de la población, reducir brechas sociales y fomentar la inclusión. 

De mantenerse esta tendencia de inversión pública en programas sociales, es razonable suponer que podrían generarse mejoras sustanciales en indicadores de marginación en el mediano plazo, siempre que el gasto sea eficiente, focalizado y acompañado por mecanismos de evaluación y seguimiento. 

Finanzas públicas del Estado de México 

En relación con el desempeño de las finanzas públicas del Estado de México, de acuerdo con la Cuenta Pública 2024 los ingresos totales alcanzaron 396 429 604 951 pesos. A partir de esta cifra, es posible observar la distribución y el ejercicio del gasto por sectores prioritarios. 

En este contexto, destaca que el 59.7 % del gasto programable se destinó al sector de desarrollo social, un área fundamental que funciona como un mecanismo de redistribución económica y que atiende diversas necesidades básicas de la población (Gobierno del Estado de México). Este enfoque puede complementarse con los incrementos en los ingresos per cápita mencionados anteriormente, reforzando la estrategia de mejora en el bienestar social. 

Por otro lado, el sector de desarrollo económico absorbió el 6.3% del gasto programable, lo que representa un monto cercano a 18 695 millones de pesos (mdp). De igual forma, el sector de seguridad participó con un 8.6 % del gasto programable (Gobierno del Estado de México). Estos porcentajes reflejan una política pública orientada a fortalecer tanto las acciones sociales como la seguridad pública, en línea con las directrices y prioridades establecidas por el gobierno federal. 

En cuanto al gasto no programable, este representó el 21.4 % del gasto total, equivalente a 81 192 mdp. De esta partida, el 75.9 % (61 599 mdp) se asignó al sector municipios, principalmente para cubrir las participaciones municipales, fundamentales para el funcionamiento y desarrollo local. 

Otro rubro significativo fue el pago de la deuda pública, que constituyó el 24.13 % (19 593 mdp) del gasto no programable, destinado principalmente a la amortización de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) por un monto de 10 555 mdp (Gobierno del Estado de México). Este gasto en deuda no representa una proporción elevada en relación con los ingresos, lo cual, sumado al superávit registrado, evidencia un manejo financiero sólido y finanzas públicas saludables. 

Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2025), en materia de deuda pública, al cierre del primer trimestre de 2025, el saldo total de la deuda subnacional fue de 695 896.6 mdp, lo que implica una reducción de 9 391.5 mdp en comparación con el cierre de 2024, cuando el saldo ascendió a 705 288.1 mdp. Esta disminución equivale a un 5.5 % en términos reales, lo que evidencia avances significativos en la gestión y amortización del endeudamiento público. 

Las entidades federativas que más contribuyeron a esta reducción fueron: 

1. Sonora, con una disminución de 2 119.1 mdp. 
2. Sinaloa, con 1 519.0 mdp. 
3. Ciudad de México, con 1 491.3 mdp. 
4. Guerrero, con 889.4 mdp. 
5. Estado de México, con 752.6 mdp. 

Respecto a la proporción de participaciones federales comprometidas para el pago de deuda, al mismo periodo destacan las siguientes entidades: 

1. Ciudad de México, con el 100 % de sus participaciones comprometidas. 
2. Coahuila, con 86.8 %. 
3. Estado de México, con 85.5 %. 
4. San Luis Potosí, con 83.6 %. 
5. Guerrero, con 81.7 %. 

Todas estas cifras superan el promedio nacional, que es del 55.2 %. Durante este periodo, 29 entidades federativas lograron reducir su deuda, acumulando un descenso total de 10 904.5 mdp, con los cinco estados mencionados anteriormente liderando dichas reducciones. 

De esta manera, el Estado de México se posiciona como una de las entidades con mayores avances en la amortización de deuda pública, lo cual podría traducirse en un mayor grado de autonomía fiscal y una mayor capacidad para acceder a financiamiento destinado a proyectos de infraestructura e impulso del crecimiento económico. 

Finalmente, los egresos integrados reportados en la Cuenta Pública 2024 alcanzaron un total de 378 707 617 220 pesos, lo que generó un superávit de 17 721 987 731 pesos, equivalentes al 4.5 % de los ingresos totales reportados. Esta cifra es comparable o incluso superior a los montos asignados a rubros como organismos autónomos (15 014 231 010 pesos), materiales y suministros (15 220 271 847 pesos), inversión pública (15 795 874 653 pesos) y pago de deuda pública (19 537 670 495 pesos). 

La presencia de este superávit en la Cuenta Pública es un indicador positivo de sostenibilidad fiscal, ya que abre la posibilidad de establecer una senda de mediano y largo plazo con finanzas públicas sanas, disminuyendo la necesidad de recurrir a nuevas contrataciones de deuda. Asimismo, refleja un manejo eficiente y responsable tanto de los ingresos como de los egresos del Estado de México, fortaleciendo la estabilidad financiera y la capacidad para atender las prioridades sociales y de desarrollo económico. 

Avance de las finanzas públicas del Estado de México al primer cuatrimestre de 2025 

Durante el primer cuatrimestre de 2025, el Estado de México experimentó un crecimiento real del 5.7 % en las participaciones federales del ramo 28, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento refleja una mejora en la asignación de recursos provenientes de la Federación, fundamentales para el sostenimiento financiero estatal. Entre las entidades federativas que registraron los mayores aumentos en este rubro destacan Quintana Roo, con 17.7 %; Veracruz, con 17.1 %, y Coahuila, con un notable 19.6 %. 

La relevancia de las participaciones federales radica en que su adecuada distribución contribuye significativamente a reducir las desigualdades regionales, al permitir que estados y municipios cuenten con recursos suficientes para atender necesidades locales. 

Dentro de este ramo, el Fondo General de Participaciones mostró un crecimiento aún mayor, con un incremento real anual de 8.3 %. Las entidades que más se beneficiaron fueron Campeche (21.12 %), Quintana Roo (17.3 %) y Durango (14.5 %). Este fondo resulta crucial para financiar gastos operativos y proyectos de desarrollo que impulsan el crecimiento local y regional. 

Asimismo, el Fondo de Fomento Municipal, cuya función es otorgar autonomía financiera a los municipios para cubrir sus gastos corrientes y promover el desarrollo local, registró un aumento del 9.7 % en el periodo analizado, fortaleciendo la capacidad de los gobiernos municipales para gestionar recursos y atender sus prioridades. Por otro lado, las aportaciones federales correspondientes a los ramos 33 y 25 mostraron un descenso del 4.8 %, con una tendencia negativa que afectó a la mayoría de las entidades federativas. Esta caída representa un reto para la financiación de programas específicos y proyectos vinculados con sectores prioritarios. 

En el mismo contexto, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) registró un aumento real del 12.9 %, con entidades particularmente favorecidas como Baja California, que mostró un incremento excepcional del 60.3 %, y Yucatán, con un crecimiento del 39.7 %. El FAM es un instrumento clave que financia proyectos en sectores como educación, infraestructura y asistencia social, con impacto directo en la calidad de vida de la población. 

En términos generales, el avance en la recepción de aportaciones federales durante el primer cuatrimestre de 2025 representa una noticia positiva para el Estado de México. Este incremento fortalece la autonomía fiscal del estado y proporciona una base sólida para la implementación de proyectos de desarrollo social, permitiendo atender de manera más eficiente las necesidades y demandas de la población mexiquense, así como garantizar la operación del gasto corriente. 

Conclusiones 

La economía global en el siglo XXI ha estado marcada por crisis recurrentes, como pandemias, tensiones geopolíticas y guerras comerciales, que generaron incertidumbre y afectaron el crecimiento mundial. Aunque en 2024 se observó una recuperación modesta, persisten riesgos, como políticas arancelarias y la fragmentación del comercio. 

México, altamente vinculado a Estados Unidos, ha sufrido contracciones económicas significativas en las últimas décadas, incluyendo la crisis por covid-19 en 2021. En 2024, su crecimiento fue bajo (1.2 %), reflejando debilidades internas y externas. El Estado de México mostró un crecimiento moderado del 2.1 %, con mejoras en el empleo y reducción de la informalidad, aunque persisten retos en ingresos y marginación. 

Financieramente, el Estado de México presenta finanzas públicas sanas, con superávit, reducción de deuda y mayor recepción de participaciones federales, lo que fortalece su capacidad para invertir en desarrollo social y económico. Sin embargo, la desigualdad y las condiciones de vida todavía demandan atención y políticas efectivas. 

Referencias 

Conapo. (2020). Índice de marginación por entidad federativa y municipio. Conapo. https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372  

Inegi. (2025). Banco de Información Económica. Inegi. https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0  

Gobierno del Estado de México. (2025). Cuenta Pública 2024. https://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/cuenta_publica  

Mejía Reyes, P., Díaz Carreño, M. Á. y Vergara González, R. (2017). 

Recesiones de México en los albores del siglo XXI. Problemas del desarrollo, 48 (189), 57-84. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S030170362017000200057&script=sci_arttext  

SHCP. (2025). Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. SHCP. http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/  

World Bank Group. (2025). Global Economic Prospects. The World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/f983c12d-d43c-4e41-997e-252ec6b87dbd/content