Radiografía de la LXII Legislatura del Estado de México: ¿Quiénes nos representan?

Luis Alberto Valdez Hernández

¿Qué cualidades distinguen a quienes integran la LXII Legislatura del Estado de México (2024-2027)? Para responder esta cuestión, se examina información sociodemográfica, académica, política y de uso de redes sociales de sus 75 integrantes. Los datos se recopilaron de fuentes públicas y oficiales, así como notas periodísticas y registros complementarios. Las variables analizadas abarcan edad, género, formación profesional, experiencia política, actividad legislativa y presencia en redes sociales. Se identifican tendencias, patrones y particularidades en el perfil de las personas legisladoras, ofreciendo elementos para evaluar la calidad de la representación política en la entidad.

Contexto de la LXII Legislatura mexiquense

La LXII (62ª) Legislatura del Estado de México inició sus trabajos el 5 de septiembre de 2024 y concluirá el 4 de septiembre de 2027. Se integra por 75 personas legisladoras: 45 electas por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales y 30 mediante representación proporcional —18 provienen de listas de partidos y 12 corresponden a primeras minorías—. Su composición refleja un claro predominio del bloque formado por los partidos políticos morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), que juntos agrupan a 56 congresistas, representando el 75 % de la Legislatura (corte de información: 30 de septiembre de 2025. La integración presentada incorpora los cambios de bancada registrados en septiembre de 2025: la diputada Paola Jiménez Hernández [ex PRI], el diputado Román Francisco Cortés Lugo [ex PAN] y el diputado Gabriel Kalid Mohamed Báez [ex PT] se sumaron al Grupo Parlamentario de morena).

La figura 1 muestra la integración de la Legislatura por grupo parlamentario.

Figura 1. Integración de la LXII Legislatura por grupo parlamentario

Fuente: elaboración propia con información del Poder Legislativo del Estado de México (2025).

Paridad de género

La LXII Legislatura marca un hito en la representación incluyente, particularmente en su cumplimiento al principio de paridad de género en la integración de los órganos de dirección, mandato que deviene de la reforma constitucional de 2019, denominada “Paridad en Todo”, que estableció una serie de mecanismos legales a fin de extender y garantizar la paridad de género en la integración de congresos locales, ayuntamientos, gabinetes y órganos autónomos.

Además, un rasgo distintivo de esta Legislatura es la presencia de le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, quien marca un precedente histórico como la primera persona no binaria en la representación parlamentaria del Estado de México, un parteaguas en el reconocimiento jurídico y político de las identidades de género diversas, especialmente en espacios de toma de decisiones.

En el nivel orgánico también se observa un esfuerzo por distribuir de manera equitativa los espacios de liderazgo, pues de las 48 comisiones legislativas y comités permanentes que existen, 24 son presididos por mujeres, 23 por hombres y uno por una persona no binaria (al frente de la Comisión para la Defensa de los Derechos de las Poblaciones LGBTTIQ+). 

También debe destacarse el reciente nombramiento de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena) como presidenta de la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio constitucional, lo que guarda mucho significado si observamos que aún persisten desafíos en el acceso equitativo a los órganos de mayor peso político, como la Junta de Coordinación Política (integrada en su totalidad por hombres) o comisiones dictaminadoras históricamente relevantes (como Gobernación y Puntos Constitucionales; Planeación y Gasto Público; Seguridad Pública; Educación, Cultura, Ciencia Tecnología e Innovación, y Desarrollo Económico, entre otras), donde continúa el predominio de la representación masculina. En este contexto, se debe tener presente que, como bien advierte Villa Popoca (2025), este tipo de distribuciones podría reproducir roles de género en la asignación de comisiones, toda vez que las mujeres se concentran en órganos asociados a tareas de reproducción y cuidado, mientras que los hombres prevalecen en aquellos vinculados con producción o preservación del poder político, limitando así el avance pleno hacia la igualdad sustantiva.

Edad

La edad promedio en la LXII Legislatura se ubicó en torno a los 44 años, con una representación de perfiles jóvenes y congresistas con trayectorias políticas consolidadas.

La figura 2 muestra la distribución por género y rango de edad, evidenciando que más del 80 % de quienes integran la Asamblea tiene entre 30 y 69 años (la edad mencionada en este apartado corresponde a la que tenían las personas legisladoras al momento de resultar electas, es decir, al 2 de junio del 2024).

Figura 2. Composición de la LXII Legislatura por género y edad al momento de la elección

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Electoral del Estado de México (2024).

Otro aspecto notable es que la totalidad de personas jóvenes de esta Legislatura son mujeres, de tal forma que, en el grupo de 18 a 29 años, hay nueve diputadas y ningún diputado. Este dato refleja que, al menos en los rangos etarios más jóvenes, el acceso de mujeres a cargos legislativos se ha logrado con mayor éxito, posiblemente como resultado de políticas afirmativas, del activismo político juvenil feminista o de la renovación de cuadros en los partidos con perfiles femeninos jóvenes. Si bien esta tendencia representa un importante avance en términos de inclusión y paridad, también invita a reflexionar con mayor detenimiento sobre las condiciones que propician dicha configuración.

Es importante analizar en qué medida la creciente incorporación de mujeres en los espacios públicos está vinculada a condiciones específicas de edad y si esta tendencia —lejos de consolidar una inclusión plena— podría estar reproduciendo formas más sutiles de discriminación, dado que la paridad sustantiva no solo implica abrir espacios a las mujeres, sino garantizar que su participación no esté condicionada por estereotipos ligados a la juventud, la apariencia o determinados perfiles funcionales, lo cual limitaría el principio de igualdad desde una lógica distinta pero igualmente excluyente. En este mismo sentido, es preciso estudiar con mayor profundidad las causas detrás de la ausencia de varones jóvenes en estos espacios, a fin de identificar posibles desequilibrios en los mecanismos de representación y fortalecer una participación equitativa de todos los sectores poblacionales.

Lo anterior cobra relevancia cuando se advierte la recomposición de los rangos subsecuentes, toda vez que, en el grupo de 30 a 39 años, la representación se equilibra con ocho mujeres y ocho hombres, sugiriendo un avance hacia la paridad en las generaciones jóvenes adultas, aunque el grupo de 40 a 49 años —el más nutrido— se compone por 11 mujeres, 16 hombres y una persona no binaria.

A partir de los 50 años la presencia masculina comienza a predominar: en el grupo de 50 a 59 años hay 12 hombres y cinco mujeres; en el de 60 a 69 años, tres mujeres y ningún hombre, y en el de 70 años o más la representación es de una mujer y un hombre.

En términos generales se observan dos fenómenos importantes: 

1. Una feminización de la juventud legislativa, donde las mujeres menores de 30 años ocupan de manera exclusiva los espacios.
2. Un predominio masculino en los grupos de mayor edad, especialmente entre los 50 y 59 años.

En definitiva, esta distribución pone de relieve los avances en materia de inclusión, paridad e igualdad, pero también invita a reflexionar sobre los desafíos pendientes en cuanto a intersecciones de género y edad en la política representativa. 

Formación académica

El perfil académico de la LXII Legislatura refleja una composición predominantemente profesionalizada, con una mayoría que ha concluido estudios universitarios y una proporción significativa con formación de posgrado.

La figura 3 expone que 40 congresistas (53 %) cuentan con una licenciatura concluida, lo que confirma que el nivel universitario es el estándar predominante entre quienes acceden al Congreso local. Además, 22 (29 %) han cursado o cursan actualmente estudios de posgrado, distribuidos entre maestría (14 concluidas y una en curso) y doctorado (cuatro concluidos y tres en curso). 

Por otro lado, 12 integrantes (16 %) no cuentan con estudios universitarios concluidos: seis tienen como máximo grado la preparatoria, cuatro reportan una licenciatura inconclusa y dos se encuentran cursándola. Además, destaca el caso de una persona legisladora cuya trayectoria educativa o profesional no cuenta con registros verificables.

Figura 3. Escolaridad en la LXII Legislatura (por número de legisladores)

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Electoral del Estado de México (2024).

La formación universitaria presenta una clara hegemonía de las ciencias sociales y humanidades, que concentran el 70 % de las trayectorias académicas. Si bien esta prevalencia puede explicarse por la naturaleza misma del quehacer legislativo, que exige conocimientos jurídicos, administrativos y políticos, también conlleva un reto en términos de diversidad de enfoques técnicos y científicos, pues la limitada representación de áreas como ingeniería, salud, ciencias exactas o diseño y artes podría traducirse en una menor pluralidad de perspectivas en la formulación de leyes, especialmente en temas que requieren conocimientos especializados. 

Figura 4. Estudios superiores. Áreas de estudio de 67 personas legisladoras (en nueve casos no fue posible identificar con claridad la carrera profesional cursada por las personas legisladoras, ya sea por ausencia de datos en las plataformas oficiales, por falta de cédula profesional o por inconsistencias entre las fuentes disponibles)

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Electoral del Estado de México (2024), Marcaje Legislativo (2024), Plana Mayor (2024), Secretaría de Educación Pública (2025) y perfiles oficiales en redes sociales.

Otro aspecto que debe subrayarse es el predominio de la formación jurídica, ya que 26 congresistas poseen una licenciatura en derecho, representando más de un tercio del total. En menor medida destacan ciencias políticas y administración pública (6), administración (4) y administración de empresas (3), lo que indica una orientación relevante hacia disciplinas asociadas al quehacer gubernamental y administrativo (también destacan casos como el de la diputada Paola Jiménez Hernández (morena) y el diputado Juan Zepeda Hernández (MC), quienes cuentan con dos licenciaturas. La primera en ciencias políticas y administración pública y derecho; el segundo, en administración pública y derecho).

En niveles más bajos de representación aparecen otros campos como educación primaria, ingeniería civil y negocios internacionales (con dos congresistas cada uno). El resto de las trayectorias académicas —que abarcan áreas tan diversas como comunicación, economía, diseño, salud, psicología, relaciones internacionales y trabajo social— se presentan con una sola diputación en cada caso, lo que refleja una escasa diversificación disciplinaria en el Congreso mexiquense.

Conviene destacar que, entre las personas legisladoras cuya formación académica superior pudo ser verificada, la trayectoria universitaria se nutre de una amplia gama de instituciones. Destacan la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 11 egresados; la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con ocho, y la Universidad del Valle de México (UVM), con seis. Les siguen la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), con cuatro; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con tres, y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), con tres. El resto de las instituciones —tanto estatales como particulares— se reparten de manera dispersa entre 23 universidades distintas con solo un egresado cada una. En 15 casos no fue posible identificar la institución de procedencia.

A partir de la información disponible, se observa una distribución prácticamente equilibrada entre quienes cursaron sus estudios de licenciatura en instituciones públicas (51 %) y quienes lo hicieron en privadas (49 %), lo que refleja la coexistencia de trayectorias académicas diversas dentro de la Legislatura. Esta proporción indica que, si bien persiste una ligera mayoría con formación en el sector público, la presencia de egresados de instituciones privadas es también significativa, lo que podría llegar a influir en los enfoques, prioridades y perspectivas con que cada persona legisladora aborda la función pública.

En contraste con la formación de licenciatura, una amplia mayoría (71 %) de quienes cursaron estudios de posgrado lo hicieron en instituciones privadas, frente a solo un 29 % que lo hizo en instituciones públicas, una situación que podría explicarse por la mayor oferta de programas flexibles que ofrecen las universidades privadas haciendo compatible los estudios con carreras políticas o cargos públicos. 

Destaca particularmente el caso de tres representantes populares que obtuvieron su Doctorado en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México mientras formaban parte de la LIX Legislatura, como resultado de un programa de profesionalización impulsado en colaboración entre el Poder Legislativo y la UAEMéx (se trata de los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez [morena], Eduardo Zarzosa Sánchez [PRI] y Juan Manuel Zepeda Hernández [MC]), antecedente que demuestra un esfuerzo institucional por fortalecer el perfil académico de las y los representantes populares mediante convenios de formación especializada.

Finalmente, es importante subrayar que, si bien la formación profesional puede aportar herramientas valiosas para la labor legislativa, no constituye un requisito legal para ocupar una diputación, puesto que la legitimidad de un cargo de elección popular no emana del perfil técnico de quien lo ocupa, sino del respaldo ciudadano que le confiere el voto, reflejo del principio democrático fundamental de que la soberanía reside en el pueblo. Aunque el debate sobre la necesidad de un perfil académico específico ha sido recurrente, se ha reconocido que imponer tal exigencia podría limitar la participación de sectores sociales con valiosas perspectivas derivadas de su experiencia práctica, cultural o comunitaria, limitando así la representatividad y la riqueza de la deliberación política.

Esta apertura, sin embargo, no deja de plantear un desafío: ¿cómo garantizar que quienes acceden a una curul, independientemente de su formación, cuenten con las capacidades necesarias para enfrentar la complejidad de la labor legislativa? Definitivamente, la respuesta no está en imponer barreras académicas, sino en fortalecer la capacitación continua, los mecanismos de rendición de cuentas y la participación ciudadana, de modo que la legitimidad del voto se complemente con un desempeño responsable y eficiente. Así, la pluralidad de saberes y experiencias podrá enriquecer la deliberación y, al mismo tiempo, acercar el Poder Legislativo a la realidad multifacética de la sociedad.

Trayectoria política y experiencia profesional

La LXII Legislatura combina renovación y experiencia, integrando a legisladores noveles con otros de amplia trayectoria en el ámbito legislativo, gubernamental y político. En este sentido, aunque la mayoría de sus integrantes ejerce una diputación por primera vez, prácticamente cuatro de cada 10 han ocupado una curul en legislaturas anteriores, de tal forma que:

• 10 legisladores (13 %) son reelectos de la Legislatura inmediata anterior.
• 19 (25 %) han participado en legislaturas previas (locales o federales).

Destacan, por su extensa trayectoria legislativa: 

• Maurilio Hernández González (morena), con siete periodos legislativos: diputado local en cuatro ocasiones (2003-2006, 2018-2021, 2021-2024, 2024-2027), diputado federal en dos (1982-1985 y 1988-1991) y senador en 2011.  
• Óscar González Yáñez (PT), también con siete periodos: diputado federal en cuatro (1994-1997, 2003-2006, 2009-2012 y 2018-2021) y diputado local en tres (2000-2003, 2012-2015, 2024-2027).

De quienes ocupan una curul por primera vez, siete cuentan con experiencia previa como asesores legislativos en diversos grupos parlamentarios. Asimismo, más del 90 % ha ocupado al menos un cargo en el servicio público, mientras que el 29 % reportó experiencia en el sector privado, lo que da lugar a una diversidad de perfiles que combina conocimientos en el sector público con aportes del ámbito empresarial.

En cuanto a su trayectoria política, el 57 % ha ocupado previamente cargos de elección popular, lo que demuestra una amplia experiencia en la representación política. A su vez, alrededor del 70 % ha ocupado cargos dentro de la estructura de sus partidos políticos, ya sea a nivel municipal, estatal o nacional, consolidando su liderazgo y arraigo en la dinámica partidista. 

Destaca que 26 congresistas han sido miembros de cabildos, de los cuales 13 han ejercido como presidentes o presidentas municipales. Sobresale en este ámbito la trayectoria de la diputada Elena García Martínez (morena), electa presidenta municipal de Tultitlán en tres ocasiones (2006-2009, 2019-2021 y 2022-2024) y regidora del mismo municipio entre 1997 y 2000. 

Por otra parte, únicamente dos congresistas han formado parte de gabinetes estatales:

• Elías Rescala Jiménez (PRI), quien fungió como subsecretario general de Gobierno del Estado de México.

• María Mercedes Colín Guadarrama (PRI), con una trayectoria que incluye los cargos de subsecretaria de Medio Ambiente (2009), secretaria del Trabajo (2017) y secretaria del Campo (2020).

   

Presencia en redes sociales

Las redes sociales digitales se han convertido en herramientas estratégicas de comunicación política esenciales para actores institucionales y ciudadanía. En el ámbito público, permiten a representantes proyectar su imagen, difundir actividades legislativas y promover agendas, por lo que resulta relevante analizar la presencia y actividad que mantienen en estas plataformas quienes integran la actual Legislatura.

En este sentido, lo primero que salta a la vista es que el 100 % de congresistas cuenta con al menos una red social activa, lo que devela una adopción generalizada de estas plataformas como herramientas de comunicación política. Sin embargo, el nivel de actividad, frecuencia de publicación y tipo de contenido difundido varía considerablemente entre sus integrantes, pues mientras en algunos perfiles se advierte una gestión constante y profesional, otros muestran una actividad esporádica o centrada en contenidos de carácter personal o promocional.

Facebook es la red social más utilizada, con presencia confirmada en el 100 % de los casos; le siguen Instagram, con 51 cuentas activas (68 % del total), y X (antes Twitter), con 44 perfiles identificados (59 %). De forma creciente, también destaca la presencia en TikTok, una plataforma emergente en el ámbito político, donde 40 congresistas —es decir, el 53 %— ya tienen una cuenta activa. Estas cifras destacan, por una parte, la diversidad de canales empleados, pero, por otra, las diferencias generacionales y estratégicas en que las personas legisladoras comunican y se conectan con sus audiencias.

En cuanto al uso de Facebook, estudios recientes realizados en Estados Unidos (McClain, Anderson y Gelles-Watnick, 2024) muestran que esta red social conserva una audiencia madura y se utiliza principalmente para conectarse con familiares y amigos, pues el 93 % de sus usuarios indica que la usa para ese fin; solo un 26 % la emplea para seguir política y apenas un 11 % publica contenido político. Es importante notar, en todo caso, que la demografía está cambiando, puesto que los grupos de 25‑34 años representan la mayor parte de la audiencia y los mayores de 50 siguen siendo un segmento significativo (Kemp, 2025), mientras que el uso entre adolescentes ha disminuido considerablemente (Schaeffer, 2024). Sea como fuere, esta combinación de uso cotidiano y base de usuarios madura sugiere que Facebook cumple una función comunitaria y de difusión de actividades preeminentemente locales.

En contraste, Instagram atrae principalmente a jóvenes (78 % de los adultos de 18‑29 años la usa, frente a 15 % de los mayores de 65 años (Gottfried, 2024), convirtiéndola en una plataforma ideal para campañas de personalización política. Investigaciones realizadas durante las elecciones indonesias de 2024 muestran que políticos utilizan historias personales y una estética cuidada para humanizar su imagen y generar vínculos emocionales, aprovechando herramientas como stories y reels para interactuar con sus seguidores (Nurnisya y Kasmani, 2025). Más aún, un estudio sobre líderes populistas en Europa subraya que las publicaciones en Instagram suelen contener frases simples e imágenes cargadas de emoción, pero capaces de “modelar el discurso político y el comportamiento electoral” (Messini, 2025).

La plataforma X es la red con mayor orientación política, dado que el 59 % de sus usuarios en EE. UU. afirma usarla para seguir asuntos políticos (McClain, Anderson y Gelles-Watnick, 2024), una proporción mucho más alta que en otras redes, como resultado de que esta permite la detección de temas políticos en tendencia y su discusión inmediata mediante hashtags y comentarios en tiempo real, lo que posibilita a la clase política prescindir de medios tradicionales —generalmente más aletargados— y plantear agendas directamente, dando lugar, además a interacciones más confrontativas.

Finalmente, TikTok destaca como una red emergente de rápido crecimiento; en 2024 un tercio de los adultos estadounidenses la utilizaba, con 62 % de usuarios de 18‑29 años (Schaeffer, 2024). La mayoría de sus usuarios jóvenes la emplea para entretenimiento, pero un 48 % la usa para seguir temas políticos (McClain, 2024). Y es importante advertir que investigaciones recientes demostraron que los videos con emociones negativas y discursos divisivos obtienen más interacción que aquellos con mensajes positivos (Solovev et al., 2025), lo cual, ciertamente, puede influir en la polarización del debate público.

En este contexto, la figura 5 muestra patrones claramente diferenciados entre generaciones legislativas. Todo parece indicar que tener presencia en Facebook se ha convertido, prácticamente, en una obligación para todas las generaciones, en tanto que otras redes presentan comportamientos más variables y generacionalmente marcados.

Figura 5. Uso de redes sociales por grupo de edad en la LXII Legislatura mexiquense 

Fuente: elaboración propia.

Por ejemplo, Instagram es más popular entre los rangos etarios de 18 a 49 años, donde entre el 75 % y 78 % de los legisladores la utilizan. Sin embargo, desaparece completamente entre los mayores de 60 años, lo que sugiere que esta plataforma mantiene un fuerte sesgo generacional orientado hacia públicos más jóvenes o de mediana edad.

La plataforma X muestra una adopción significativa entre legisladores de 30 a 59 años, con una penetración de entre 50 % y 75 %. No obstante, su uso cae notablemente entre los legisladores mayores de 60 años (33 %) y vuelve a repuntar ligeramente en los mayores de 70 (50 %) (aunque la figura 5 exhibe patrones interesantes en el uso de redes sociales entre congresistas de distintas edades, es importante advertir que los datos correspondientes a los rangos de 60 a 69 años y de 70 años o más deben tomarse con cautela. Estos grupos están integrados únicamente por tres y dos personas, respectivamente, lo que implica un universo demasiado reducido para establecer generalizaciones sólidas. En consecuencia, cualquier inferencia sobre los hábitos digitales de las generaciones mayores dentro del Congreso debe considerar este sesgo muestral, que puede distorsionar la representatividad de los porcentajes mostrados.). 

En el caso de TikTok, la adopción también está marcada por la edad, pero no de forma tan lineal. Si bien es más frecuente entre los jóvenes de 18 a 39 años (67 % y 69 %, respectivamente), también se registra un uso significativo en el grupo de 60 a 69 años (67 %), superando incluso a quienes se ubican en los rangos de 40 a 59 años, donde su uso cae hasta el 29 % a 50 %. 

Finalmente, debe subrayarse que la presencia en redes sociales no garantiza un alcance o posicionamiento uniforme entre personas legisladoras, pues existen marcadas diferencias en impacto y nivel de interacción con el público. Por ejemplo, en Facebook, el promedio de seguidores es de aproximadamente 28 mil personas (corte a julio de 2025); sin embargo, mientras algunas páginas apenas superan los mil seguidores, perfiles como el de Juan Zepeda Hernández (MC) tienen cerca de 450 mil. Una tendencia similar se observa en Instagram, con un promedio de 7 mil seguidores, pero donde algunos legisladores no sobrepasan los 100, mientras que José Couttolenc Buentello (PVEM) acumula más de 76 mil.

Estas disparidades también se reflejan dentro de las trayectorias digitales individuales: Elías Rescala (PRI), por ejemplo, cuenta con más de 62 mil seguidores en Instagram, pero su perfil en X apenas registra 150. Estas asimetrías indican que la presencia en redes no debe analizarse únicamente en términos cuantitativos, dado que también son reflejo de las estrategias de comunicación política, imagen pública, e incluso, de las capacidades para construir comunidades digitales.

Reflexiones finales

La LXII Legislatura del Estado de México ofrece una imagen compleja y matizada del estado actual de la representación política en la entidad. A través del análisis de variables como género, edad, formación académica, experiencia política y estrategias de comunicación se delinean perfiles diversos, aunque también patrones recurrentes que invitan a la reflexión sobre los retos y oportunidades que persisten en nuestra democracia representativa.

En términos de inclusión, esta Legislatura marca avances importantes, puesto que refrenda el cumplimento al principio de paridad de género en la integración de órganos legislativos, además de que se ha abierto espacio a identidades de género diversas y se observa una notable presencia de mujeres jóvenes, lo que puede interpretarse como el efecto positivo de políticas afirmativas y de una transformación paulatina en los partidos políticos. No obstante, estas mismas conquistas abren nuevos cuestionamientos sobre los límites de dicha inclusión y la necesidad de que no se reproduzcan formas sutiles de discriminación bajo otros criterios, como la edad o la apariencia.

En el plano académico, se confirma una legislatura profesionalizada, con una mayoría de integrantes con estudios superiores, aunque persiste una concentración disciplinaria en áreas como el derecho y las ciencias sociales, así como vacíos de transparencia en la información curricular de algunos representantes, dejando sobre la mesa la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas y ampliar la pluralidad de saberes que nutren la labor legislativa.

Desde la perspectiva de las trayectorias políticas, se advierte un equilibrio entre renovación y experiencia, con una proporción significativa de representantes populares con antecedentes en cargos públicos, estructuras partidistas o funciones legislativas. Esta situación, si bien puede abonar a la eficacia institucional, también suscita interrogantes sobre la circulación de élites políticas y la posibilidad de que ciertos liderazgos se perpetúen en detrimento de una representación más abierta y competitiva.

Finalmente, el análisis del ecosistema digital legislativo permite visibilizar la adaptación de los congresistas a las nuevas formas de comunicación política, así como las desigualdades en el acceso, uso y aprovechamiento de estas herramientas, si bien no hay que perder de vista que la presencia en redes sociales no garantiza per se una relación más directa o transparente con la ciudadanía, más bien, revela la existencia de estrategias diferenciadas —y en muchos casos desiguales— de posicionamiento y vínculo público.

Así, sin más, este ejercicio de radiografía legislativa no busca emitir juicios concluyentes, sino aportar elementos objetivos para comprender quiénes toman decisiones en nombre de la ciudadanía mexiquense, pues, en definitiva, la calidad de la representación no se reduce al cumplimiento de requisitos formales, sino que se mide por las capacidades de encarnar la diversidad social, deliberar con rigor técnico y político y asumir con responsabilidad los desafíos públicos de nuestro tiempo.

Referencias

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Luis Alberto Valdez Hernández: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Analista de la Coordinación de Análisis y Finanzas Públicas del INESLE. Correo electrónico: luis.valdez@congresoedomex.org.mx