Fátima Esther Martínez Mejía

El Colegio Mexiquense, A.C.

El 11 de marzo de 1990 terminó formalmente la dictadura cívico-militar en Chile, liderada por Augusto Pinochet. Después de 17 años de represión y violencia, la ciudadanía (vía electoral) se impuso ante el pinochetismo obligándolo a retirarse según lo dispuesto por su  propio  itinerario  constitucional. La transición a la democracia en Chile se situó en la tercera ola de democratizaciones de finales del siglo XX, cuyas características respondieron tanto a la cultura y práctica política y la imposición del sistema económico como a las directrices internacionales marcadas por Estados Unidos. Producto de estas particularidades, el proceso transicional fue evaluado como un éxito en América Latina porque la política chilena mostró un alto grado de madurez, cuya efectividad se reflejó, según Sehnbruch y Siavelis (2014), en la construcción de consensos entre los partidos políticos, el gobierno y los grupos sociales-económicos poderosos. Esto se debió a que las élites partidistas se constituyeron en modelos institucionales (W. Drake y Jaksic, 1999; Couso y Tohá, 2008), por lo que no hubo derrumbe económico, descrédito militar, uso de la violencia ni colapso institucional; por lo contrario, el poder se entregó en paz y orden. Este triunfo también fue consecuencia de que una vez que la Concertación de Partidos por la Democracia (coalición de partidos políticos de centro) dirigió el país, mantuvo un ambiente armónico para gobernar, conservó el statu quo y una “visión para combinar la gestión de políticas públicas con una demostración de resultados positivos” (Angell, 2014), a pesar de que su actuar estuvo bloqueado por la democracia protegida, la cual condicionó su capacidad transformadora si no lograba pactar con la oposición heredera de la dictadura instaurada en el Congreso.

La democracia protegida se hizo valer por los enclaves o cerrojos autoritarios que fueron proscripciones constitucionales, políticas, jurídicas y electorales que limitaron y debilitaron el sistema institucional. Estas figuras generaron una transición incompleta al otorgar rango político a los militares, poder de veto a la derecha, así como el alto déficit democrático que retrasó la consolidación de la democracia (Atria Lemaitre, 2013; Garretón, 1987). Además, se inauguró una forma de hacer política “de lo posible” desde las élites partidistas desplazando a la sociedad, lo que derivó poco a poco en una crisis de representatividad. La mayoría de los enclaves fueron eliminados con la reforma constitucional promulgada por el expresidente Ricardo Lagos en 2005; sin embargo, la estructura pinochetista no desapareció del todo porque aún persisten elementos como la mercantilización de los derechos humanos que fueron cuestionados con las movilizaciones de 2006, pero que tuvieron su máxima expresión en 2019, lo que llevó a iniciar un proceso constituyente que lamentablemente fracasó, aunque la fuerza ciudadana organizada fue un ejemplo de la lucha de los grupos históricamente marginados por construir un Estado con los ejes articuladores de la justicia social y la dignidad humana. 

El proceso constituyente de Chile

Los movimientos sociales en Chile influyeron en el proceso de transición a la democracia. Tanto la acción colectiva de la década de los ochenta que se opuso a la dictadura neoliberal y violadora de derechos humanos, como los movimientos ocurridos desde la década de los noventa hasta la actualidad, se han planteado la modificación y/o erradicación del proyecto pinochetista perpetuado en democracia con el objetivo de cuestionar el orden político, social y económico establecido. En este caso, aunque son diferentes y con condiciones disímiles, los movimientos sociales nacionales y las olas de protesta, desde la década de los ochenta hasta la actualidad han generado debates, cambios de actitudes públicas y reformas políticas para desaparecer la herencia autoritaria e ir construyendo un régimen democrático. 

En el caso de Chile, la efervescencia social y la apropiación del espacio público se han presentado como una forma de hacer política distinta a la encarnada por la transición caracterizada por el acuerdo y la negociación entre las élites para mantener la estabilidad institucional y la gobernabilidad. El hartazgo, la exclusión y la marginación en la que la ciudadanía y las personas más desfavorecidas han estado desde la dictadura llevó, en octubre de 2019, al grito colectivo “¡Chile despertó!” y “¡No son 30 pesos, son 30 años!”. Esto abrió la posibilidad de participar abierta y colectivamente en la discusión de las decisiones fundamentales del país. Estas expresiones fueron reclamos sociales de los históricamente oprimidos y silenciados por el discurso y la acción política de la Concertación y sus grupos derivados con la derecha, además de convertirse en la bandera contra la violencia directa, estructural y cultural del siglo XXI. Sin embargo, las personas pinochetistas y la derecha no cedieron espacios, al contrario, expresaron que el enemigo “está dispuesto a quemar hospitales, nuestras estaciones de metro, nuestros supermercados con el único propósito de producir el mayor daño posible” (Presidente Piñera: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, 2019). Esta posición cerrada y conservadora del statu quo ha sido clásica de los regímenes violadores de derechos humanos que someten a las y los más marginados a una visión del mundo ajena a sus realidades y necesidades. 

Las reformas constitucionales o la promulgación de nuevas constituciones permiten superar el régimen anterior y avanzar de manera radical en el cambio transicional. Las constituciones colocan límites expresos que señalan elementos básicos para la unidad nacional, los consensos entre las fuerzas políticas se establecen según se definen los intereses, “la ideología de cada grupo sienta las bases de lo que será discutido y lo que se rechazará o aprobará en el hemiciclo” (Saldaña, 2010). En el caso chileno se tuvo que esperar más de tres décadas para desprenderse de la herencia autoritaria, pero con el estallido social de 2019, que derivó en el triunfo del “Apruebo”, se dio la instalación de la Convención Constitucional para construir la propuesta de concretar un nuevo pacto social, cuya oferta fue organizar un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, feminista, regional y ecológico, para constituir una república paritaria, solidaria e inclusiva, que garantizara el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral, la garantía de no repetición y la memoria por graves violaciones a derechos humanos. 

La nueva constitución pretendió ser el espacio político en donde las fuerzas sociales tanto de derecha como de izquierda buscaran afianzar sus propios proyectos. Por un lado, los sectores vinculados al régimen dictatorial aprovecharon el espacio constitucional para garantizar ciertas formas de control y dominio. Por el otro, se intentó consolidar las posiciones democráticas que la sociedad chilena ha venido reclamando durante un largo tiempo. Así, más de 200 organizaciones de derechos humanos, entre ellas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, sobrevivientes de prisión y tortura, personas exoneradas y exiliadas por la dictadura, entre otras vinculadas a la verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición y memoria por violaciones de los derechos humanos, se alinearon para invitar a votar por el “Apruebo” de la nueva constitución el 4 de septiembre de 2022. 

Aporte del proceso constituyente chileno al Humanismo latinoamericano 

Con la inauguración del proceso constituyente que nació por el estallido social, la flama de la esperanza brilló con mayor intensidad. Las víctimas de la dictadura se hicieron escuchar en la voz colectiva de ¡Chile despertó! Sí, víctimas reclamando el espacio público haciendo de las calles un lugar común. Aunque no solo fueron las víctimas de exilio, prisión, tortura, sobrevivientes y familiares, fueron personas que se hicieron víctimas en el transcurso de la transición, en la democracia de acuerdos que continuó administrando el sistema neoliberal. A pesar de que la propuesta constitucional hecha desde la ciudadanía apelaba a un país más igualitario y con un profundo sentimiento de solidaridad, paridad, feminismo, defensa de los derechos sociales y ambientales, el rechazo se impuso. Las razones de esta respuesta social merecen un estudio independiente. Pero no todo está perdido, porque este esfuerzo masivo representó el potencial de la participación ciudadana como transformadora de un país que busca ser democrático y que las reformas institucionales como garantías de no repetición son posibles. Así el Humanismo intentó constitucionalizarse.  

A modo de conclusión

A pesar de no aprobarse la propuesta de Constitución en 2023, el intento por crearla fue una victoria de responsabilidad ciudadana que buscó romper el esquema de despojo de los derechos sociales que se aferra a no desaparecer. El proceso constituyente por sí mismo fue un triunfo de los principios del Humanismo para construir una sociedad más justa y equitativa, porque la ciudadanía se interesó en lo público, se politizó y debatió. Sin embargo, hubo muchos embates en el camino, desinformación, campañas de miedo, poderes fácticos y la derecha que no desean que el poder que conserva sea tomado por la ciudadanía. Lamentablemente, los derechos que se proponía reconocer no se concretaron en la máxima norma que rige el país, pero el triunfo está en que nunca más la ciudadanía dejará su lugar como protagonista en lo político.

La negación del proyecto por parte de la ciudadanía no puede solo catalogarse como un fracaso de la izquierda, del gobierno de Gabriel Boric o incluso por ser una constitución “demasiado progresista”, existe una respuesta más profunda y estructural que se entrelaza con la crisis producto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 en 2019, la crisis económica durante el gobierno de Sebastián Piñera, la crisis migratoria, la inseguridad en aumento, el pinochetismo vivo y renovado, así como la campaña sesgada y de desinformación de los medios de comunicación, que en su mayoría pertenecen a la derecha. El gran reto es si la acción colectiva tendrá la suficiente fuerza para ganar un país más justo e igualitario. Lamentablemente, hubo un paso atrás cuando el proceso constituyente fue absorbido por la política tradicional formada durante la transición, donde los partidos políticos se convirtieron en los protagonistas y no la ciudadanía. Sin duda, una herencia de la transición. 

Fátima Esther Martínez Mejía es doctora y maestra en Estudios Latinoamericanos, y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México; profesora-investigadora posdoctoral de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación adscrita a El Colegio Mexiquense, A.C. y docente feminista en la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: femartinez@cmq.edu.mx

 

Referencias

Angell, A. (2014) “Prólogo”, en K. Sehnbruch y P. Siavelis (eds.) El Balance: Política y políticas de la concertación 1990-2010. Santiago, Chile: Catalonia. 

Atria Lemaitre, F. (2013) La Constitución tramposa. LOM Ediciones. Disponible en: https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/171784 (Consultado el 10 de diciembre de 2025). 

Couso, J. y Tohá, C. (2008) “El sistema político chileno y sus desafíos: un nuevo arreglo  constitucional para el Bicentenario”, en Chile del Bicentenario. Universidad  Diego Portales. Santiago. 

Garretón, M.A. (1987) “Las complejidades de la transición invisible. Movilizaciones populares y régimen militar en Chile”. Disponible en: https://flacso.cl/biblioteca/product/las-complejidades-de-la-transicion-invisible-movilizaciones-populares-y-regimen-militar-en-chile/ (Consultado el 10 de diciembre de 2025). 

Presidente Piñera: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso” (2019). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fg45fhWeFd0 (Consultado el 10 de diciembre de 2025). 

Saldaña, J. (2010) “Reformas constitucionales en el Chile democrático: análisis de tendencias 1992-2008”, en C. Fuentes (ed.) En el nombre del pueblo. Debate sobre el cambio constitucional en Chile. Chile: Heinrich Böll Stiftung, Cono Sur : icso, Universidad Diego Portales. Disponible en: https://cl.boell.org/sites/default/files/en_el_nombre_del_pueblo_1.pdf. 

Sehnbruch, K. y Siavelis, P. (eds.) (2014) El Balance: Política y políticas de la concertación 1990-2010. Santiago, Chile: Catalonia. 

W. Drake, P. y Jaksic, I. (1999) El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa. Editorial LOM.